El juez penal Juan Francisco Pisa acumula en la Legislatura siete pedidos de destitución. Durante octubre, el magistrado cobró notoriedad por dos sentencias dictadas en la causa abierta por la denuncia del juez Enrique Pedicone contra el vocal Daniel Leiva. Con la primera ordenó instruir la causa con el Código Procesal Penal anterior (Ley 6.203) y le negó rol de querellante al denunciante. Con la segunda excluyó como prueba los audios en los que, según Pedicone, gravó al miembro del alto tribunal cuando, presuntamente, le pidió que “maneje la intensidad” de la causa contra el legislador Ricardo Bussi por supuesto abuso sexual.

Los pedidos de remoción, todos planteados durante este mes, están vinculados con la actuación de Pisa en el juicio en contra de Mauricio Parada Parejas, en 2017. El femicida había sido denunciado por Paola Estefanía Tacacho en 13 oportunidades en el fuero Penal, y una vez en el fueron Civil, por acoso y hostigamiento permanentes.

Uno solo de esos expedientes tuvo pedido de elevación a juicio, por parte del fiscal Diego López Ávila. Se refiere a la denuncia (la tercera que Tacacho habría de efectuar) del 21 de junio de 2016 por “desobediencia judicial”: Paola puntualizó que, aunque el 27 de mayo de ese año la Fiscalía de Instrucción VII había dictado una “prohibición de acercamiento”, Parada Parejas apareció sentado “al lado de su trabajo” el 1 de junio.

En 2017, Pisa hizo lugar a la oposición interpuesta por la defensa del imputado y lo sobreseyó. “No es posible acreditar que el imputado Mauricio Gilberto Parada Parejas haya sido el autor del delito por el que viene acusado. (...) No resultando razonable objetivamente prever la incorporación de nuevas pruebas, y estimando que el hecho no fue cometido por el imputado, estimo que corresponde sobreseerlo”, argumentó.

El 30 de octubre, Parada Parejas asesinó a la joven profesora, de 32 años, y luego se mató.

La tragedia disparó los reclamos de legisladores opositores, de partidos de izquierda, de ONG y de ciudadanos para que el juez sea destituido.

• El primer planteo fue presentado por el legislador José María Canelada (unibloque UCR), el pasado martes 3. En el expedientes nomenclado como “221-JP-20”, el radical pidió que se remueva a Pisa sobre la base de tres causales. En primer lugar, “negligencia en el ejercicio de sus funciones”. En segundo término, “incumplimiento en forma injustificada de los deberes inherentes al cargo”. En tercera instancia, “retardo en forma injustificada de sus pronunciamientos respecto de las cuestiones sometidas a su decisión”.

• También el martes 3 ingresó el pedido de destitución “244-JP-20” de la estudiante Rosa Noelía Barros. Ella acusa al juez de “ignorancia inexcusable” y de “negligencia en el desempeño de su función”.

• Al día siguiente ingresaron otros dos pedidos de destitución contra el magistrado penal. El expediente “242-JP-20” corresponde a Soledad Deza y Agustina Lasquera, en representación de la Fundación Mujeres x Mujeres. En el planteo, lo acusan de “haber incurrido en ignorancia inexcusable y negligencia en el ejercicio de sus funciones” y de “incumplir en forma injustificada los deberes inherentes al cargo”.

• Ese miércoles ingresó, además, el expediente “245-JP-20”, mediante el cual Susana Trimarco, en representación de la Fundación María de los Ángeles, y el abogado Carlos Garmendia, solicitan la destitución de Pisa. El martes pasado, cuando ratificaron el planteo, informaron que unificaron personería en la persona de Soledad Deza, presidenta de la Fundación Mujeres x Mujeres, con el patrocinio de Garmendia.

• El viernes 6 interpuso su pedido de juicio político el legislador Raúl Albarracín (bloque Partido por la Justicia Social). Mediante el expediente “240-JP-20”, el alfarista acusa al juez de “manifiesto incumplimiento de los deberes a su cargo”. El radical precisó a LA GACETA que hoy ratificará el planteo.

• Los ultimos dos planteos fueron presentados el lunes pasado. El primero, “243-JP-20”, es suscripto por 11 mujeres, entre referentes de gremios (Sindicato de Trabajadores Judiciales), organizaciones de derechos humanos (Cladem) y partidos de izquierda (Movimiento Socialista de los Trabajadores, Partido Obrero Tendencia y Partido de los Trabajadores Socialistas). Acusan a Pisa de “Incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo” y “negligencia en el ejercicio de sus funciones”.

• El último expediente, “241-JP-20”, es impulsado por la farmacéutica Romina Soledad Dip, con el patrocinio del abogado Gustavo Morales, Sostienen que Pisa incurrió en “Incumplimiento en forma injustificada de los deberes inherentes al cargo”.